Los gobiernos en el Perú suelen dejar como herencia cosas buenas y cosas malas, en resumen, una desazón por no poder decir, al finalizar éste, que acertamos totalmente en elegirlo cinco años atrás.
El saldo del gobierno aprista no escapa a ese diagnóstico. Tenemos una economía que crece año a año, que ha soportado con fortaleza la crisis mundial (¿quién la ha sentido en el Perú?), la pobreza extrema se ha reducido ostensiblemente, los sectores emergentes, esos que retratara años atrás Hernando de Soto en “El otro sendero” siguen siendo un pilar de nuestro desarrollo y han crecido y en muchos casos se han formalizado.
El empeño puesto en mejorar la educación pública no tiene parangón, Fujimori construyó muchos colegios, centrando sus esfuerzos en la infraestructura y Toledo duplicó en su quinquenio el sueldo de los maestros, dándoles mayor bienestar y tranquilidad para trabajar.
Este gobierno mejoró emblemáticas unidades escolares y otros centros educativos, invirtiendo en infraestructura, propulsó el programa para dotar de una laptop a muchos niños escolares de regiones lejanas a la capital, se enfrentó valientemente a la nefasta influencia del Sutep para mejorar la calidad de la enseñanza y creó la Carrera Pública Magisterial, que premia con mejores sueldos y oportunidades a los maestros que se capacitan y obtienen mejores notas en los exámenes periódicos en los que son examinados.
Brindarles a los escolares de colegios públicos una educación de calidad similar a la que reciben quienes pueden pagar un colegio privado es un mérito que no se puede negar y que dará sus frutos en una década, cuando estos niños bien educados puedan mediante su propia capacidad e instrucción, ascender socialmente, vencer a la pobreza y darle a sus propios hijos una mejor vida que la que ellos encontraron al nacer.
Sin embargo, tantas buenas noticias están teñidas malamente por un demérito inocultable que aún –felizmente- consigue asquearnos: la corrupción. Los ejemplos de funcionarios públicos que asumen un cargo con el fin no de servir sino de servirse de él son muchos y parecen ser más en este quinquenio que en los anteriores ¿o es que hemos olvidado los casos de gobiernos anteriores?
El último caso que nos ha hecho comentar, de seguro con mucha indignación, es el del ex ministro del Interior y ex Presidente de Essalud, Fernando Barrios. Fue nombrado Ministro del Interior por el Presidente Alan García, cuando ejercía la Presidencia de Essalud. Cualquiera pensaría que si aceptaba tal nombramiento, debía renunciar al cargo que ejercía para asumir el ministerio pero no, se fingió un “despido intempestivo” para que pueda cobrar 89 mil soles de indemnización. Como agravante, faltaba un día para que su contrato venciese.
Essalud está bajo el régimen privado. Si alguien es cesado por voluntad unilateral del empleador, tiene derecho a ser indemnizado; sin embargo, Barrios era el Presidente de Essalud y es quien formaba la voluntad del empleador por lo que no podría argumentar que fue despedido por voluntad unilateral del empleador pues ésta se formaba por su propia decisión personal. Ahora aduce que firmó papeles sin mirar, que ya tenía puesta la mente en el Ministerio del Interior, en fin, me pregunto ¿y si los papeles que firmaba recortaban en algo la compensación por tiempo de servicios que le correspondía recibir, habría mostrado la misma negligencia?
Un autodespido que nos trae, por comparación fonética, el recuerdo del autogolpe del 05 de abril de 1992.
A raíz de este caso se ha hecho público por el blog “Desde el tercer piso” que la hoy Jefa de Sunat, Nahil Hirsch cobró una cantidad parecida por el mismo concepto cuando dejó de ser Jefa de Sunat para pasar a trabajar a Conasev, institución de la cual regresó a Sunat años después.
¿Será una práctica más común de lo que creemos esto de “despedirse intempestiva o arbitrariamente”? ¿cuántos funcionarios públicos más habrán recurrido a esta forma de terminar su vínculo laboral con una institución del Estado para pasar de inmediato a trabajar en otra institución estatal?
Estos escandalosos casos de corrupción o por lo menos de mal uso del cargo público salpican con mucha mugre a un gobierno que tiene también cosas buenas que exhibir, como ya lo expuse al comenzar este artículo.
Y es inevitable recordar los petroaudios, que se trajeron abajo al entonces primer ministro Jorge del Castillo e involucraron a funcionarios de muy alto nivel de este gobierno, el caso del ministro Allison y sus vínculos precisamente con Petrotech, el polémico indulto al empresario televisivo José Enrique Crousillat firmado por el entonces Ministro de Justicia Aurelio Pastor en razón de la enfermedad del mencionado señor que se exhibió luego gozando de cabal salud en un supermercado de la exclusiva playa de Asia o antes, le fueron tomadas fotos haciendo uso del gimnasio de la clínica que lo albergaba.
La corrupción que se le achaca a este gobierno puede ser el punto débil de la candidatura de Mercedes Araoz, una persona con méritos suficientes para ser Presidenta del Perú. La lentitud con la que avanzan las investigaciones del caso de los petroaudios abona a una sensación de impunidad que no debería darse en un país con separación de poderes. La justicia debe actuar prontamente para que ese caso sirva de ejemplo a otros funcionarios públicos que pretendan en algún momento beneficiarse indebidamente de los bienes públicos.
El tema de la lucha contra la corrupción debe ser uno de los más discutidos en la campaña presidencial que se avecina. Queremos oír a nuestros candidatos pronunciarse firmemente sobre dicho tema.
Ricardo Villanueva Meyer Bocanegra
